Con el apoyo de 730 organizaciones sociales y 48.000 firmas se presentó hoy un petitorio al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, solicitándole que vete la ley de adhesión al protocolo nacional de aborto aprobada por la Legislatura porteña.

En la sede del gobierno local, en el barrio de Parque Patricios, casi vacía en estos días por la pandemia, Josefina Castellanos, Silvina Spataro y Connie Pallitto entregaron la declaración al secretario de Gobierno, Fernando Straface, y al jefe de gabinete Felipe Miguel, a quienes impusieron del pedido de veto.

La declaración señala que la norma que se pide vetar vulnera  tratados internacionales y normas de jerarquía constitucional, va contra el Código Penal que consagra el aborto como un delito y contra la Constitución de la propia ciudad.

No reconoce la objeción de conciencia de los profesionales de la salud, ni individual ni institucional, y no tiene límite el aborto, hasta los nueve meses.

“La omisión de la denuncia policial en caso de violación –respecto a las mujeres mayores de edad- elimina la prueba, impide la persecución del delito y protege la impunidad del delincuente”, expresa la declaración.

Entre las muchas entidades sociales que firman figuran la Academia del Plata, la Acción Católica Argentina, la asociación civil Conciencia, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), Fe y Alegría Argentina, Movimiento Familiar Cristiano, Red Argentina de Laicos, Mujeres Cristianas Evangélicas Argentinas y la Asociación en Promoción de los Derechos Civiles (Prodeci).

Se agregaron adhesiones de numerosas entidades del Brasil, Chile, Colombia, México y otros países latinoamericanos.

Los funcionarios escucharon los planteos efectuados, agradecieron la presencia de las visitantes y se refirieron a programas que están realizando para ayudar a la mujer en situación vulnerable y salvar vidas. Las representantes les solicitaron participar desde las organizaciones sociales en su instrumentación, ya que si quienes son encargados no se juegan por la vida, esos programas carecerán de efectos concretos. Contaron casos de lo que ven como realidad en las villas y barrios populares donde, por ejemplo, a una chica de 12 años que no quería abortar se la obligó a hacerlo presionándola en un centro comunal.

Pidieron del gobierno porteño señales de defender la vida con hechos y señalaron que esto es observado desde el interior del país. Alertaron que la Ciudad ya tenía un protocolo que posibilitó 8388 muertes en 2019 y la terrible situación que este nuevo protocolo establece al desproteger a las mujeres violadas, al imponer el aborto a instituciones médicas en contra de su ideario y al habilitar el aborto hasta el noveno mes de embarazo.