El Comunicado de Prensa completo dice:

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial expresa públicamente su preocupación y rechazo a la incorporación de un artículo al dictamen del presupuesto vinculado con la tributación de ganancias por parte de las y los integrantes de los poderes judiciales que no se encuentran alcanzados por ese impuesto, tal como lo fuera decidido por el Honorable Congreso de la Nación en la ley 27.346 de diciembre de 2.016.-

Cabe recordar que en dicha ocasión y durante la discusión parlamentaria se entendió que modificar la situación de los que ya prestaba servicio resultaba una medida que afectaría gravemente la intangibilidad de las remuneraciones constitucionalmente garantizada.

La modificación legislativa intempestiva e inconsulta del régimen de ganancias se traduciría en una afectación confiscatoria de los haberes de los prestadores del servicio de justicia y constituye un avance sobre la independencia judicial, como ya lo ha expresado nuestra Federación en la discusión en 2.016 y en el embate en 1.018.

La reiteración de intentos de reformas legislativas no hace sino introducir incertidumbre e inseguridad jurídica sobre los operadores judiciales. Y la persistencia de los órganos políticos gubernamentales en la implementación de este tipo de medidas por ende no hace más que poner en riego el equilibrio de poderes indispensable para el normal funcionamiento del sistema democrático y republicano de gobierno, menoscabando la intangibilidad de las remuneraciones de las/los magistrados que es una garantía con rango Constitucional destinada a asegurar a la sociedad un Poder Judicial independiente.

La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial que el camino para evitar la preocupante realidad de nuestro país sea debilitar los marcos institucionales, la división de poderes y la palabra de los/las representantes. En los momentos acuciantes es necesario, más que nunca reforzar la institucionalidad, que siempre es el marco que permite encauzar cualquier situación y mantener vigentes las bases del Estado Constitucional de Derecho.

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 21 de octubre de 2.022.-

 Christian J. Fabio                                                      Marcela Ruíz

Secretario General                                                       Presidenta