Después de un derrotero judicial de años, finalmente la Corte Suprema de la Nación declaró "inadmisible" el recurso de queja interpuesto por la Provincia respecto a la equiparación de remuneraciones judiciales. De esta manera, al Gobierno se le agotaron las instancias judiciales y quedó confirmada la sentencia dictada en septiembre de 2020 por un tribunal de jueces ad hoc.
El tribunal ad hoc, integrado por el presidente subrogante Fernando Adrián Heñín y los jueces subrogantes Juan Martín Bogado, Adrián Fernando Farías, Sergio Cáceres Olivera y Vilma Almirón, había intimado al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo al restablecimiento de la garantía de intangibilidad de las remuneraciones de magistrados y funcionarios" a través de la recomposición de los salarios de los amparistas mediante un mecanismo que reinstaure su vigor y permita el funcionamiento independiente del Poder Judicial".
"El pago de la reparación retroactiva desde la fecha de interposición de las demandas", ordenó la resolución teniendo en cuenta que "la intangibilidad de los sueldos de los jueces es una garantía de independencia del Poder Judicial, tal como se ha pronunciado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversas oportunidades".
Contra esa resolución, la provincia interpuso un recurso extraordinario que fue rechazado por los jueces subrogantes del STJ quienes fundamentaron, entre otros puntos, en que "el Pacto de San José de Costa Rica sólo requiere la doble instancia para los procesos de naturaleza penal, aunque no así para los restantes, donde su exigencia se circunscribe a la intervención de un tribunal que satisfaga las condiciones establecidas en el párrafo 1 del artículo 8".
Por esa situación, el Gobierno fue en queja a la Corte Suprema y la respuesta llegó este martes: los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron dicha presentación.
