El Papa Francisco, a través de un quirófrago publicado hoy, renueva, ad experimentum por dos años, los Estatutos del Instituto para las Obras de Religión, aprobados en 1990 por Juan Pablo II, quien a su vez, para adaptarlos mejor "a las necesidades de los tiempos", había dado una nueva configuración al IOR, establecido en 1942 por Pío XII. El mismo Papa Pacelli había hecho los primeros cambios en 1944.

La finalidad del Instituto sigue siendo la misma, con la tarea de "garantizar la custodia y administración de los bienes muebles e inmuebles transferidos o confiados al Instituto por personas físicas o jurídicas y destinados a obras de religión o caridad".

Una de las principales novedades es la introducción de un auditor externo, que puede ser una persona física o una empresa, para auditar los estados financieros de acuerdo con las normas internacionales reconocidas. Por lo tanto, los órganos del Instituto ya no incluyen a los tres auditores internos, cuyos cargos eran siempre renovables.

El Auditor Externo es nombrado por la Comisión de Cardenales a propuesta de la Junta de Superintendencia y desempeña sus funciones por un período de tres ejercicios económicos consecutivos, renovable una sola vez. Es responsable de la auditoría legal de las cuentas: expresa "su opinión sobre los estados financieros del Instituto en un informe especial", "examina todos los libros y documentos contables", "recibe del Instituto y a este puede pedirle cualquier información que pueda ser útil para sus actividades de auditoría".

Los órganos del IOR se convierten en cuatro. La Comisión de Cardenales, compuesta por cinco cardenales nombrados por el Papa por un período de cinco años que puede ser confirmada una sola vez. Antes eran siempre renovables.

El Consejo de Superintendencia, compuesto por siete miembros (antes eran cinco), nombrados por un período de cinco años por la Comisión de Cardenales, que ahora sólo puede ser confirmado una vez. El Consejo podrá establecer "comités consultivos especiales en el seno del Consejo para recibir el apoyo adecuado en la toma de decisiones sobre asuntos específicos". El Presidente del Consejo de Superintendencia, nombrado por la Comisión de Cardenales, es el representante legal del IOR.

Luego está el Prelado, nombrado por cinco años por la Comisión de Cardenales y ahora confirmado una sola vez. El nuevo Estatuto especifica en detalle su tarea, que consiste en promover la "dimensión ética" de los administradores y empleados para que su trabajo sea coherente con los principios católicos y la misión del Instituto, manteniendo intercambios constantes con todo el personal de la IOR.

El cuarto órgano rector del Instituto es el Consejo de Administración. El Director General puede ser nombrado por un período determinado (cinco años y una sola vez) o por un período indefinido: en cualquier caso, cesa en su cargo a la edad de 70 años. Antes, en casos excepcionales, podía superar este umbral.

Según los nuevos Estatutos, la sustitución de un miembro puede tener lugar, no sólo en el caso de fallecimiento, sino también cuando "quede incapacitado o cese prematuramente en su cargo por cualquier motivo".

Además en la reforma, se ha insertado un párrafo sobre el personal con el fin de cerrar una laguna existente en el anterior Estatuto de los funcionarios.

"Todos los empleados del Instituto, en constancia de relación de trabajador, tienen la obligación de exclusividad de empleo: no podrán ejercer ninguna otra actividad administrativa y/o consultiva, ya sea remunerada o gratuita, ni realizar ninguna actividad comercial, ni participar de ninguna manera, ni dentro ni fuera del Estado de la Ciudad del Vaticano". "Todos los empleados deben cumplir con el Código de Ética aprobado por el Consejo Supervisor".

Asimismo, se introduce la figura del Secretario Único del Consejo, con formación jurídica adecuada, que se encarga de las verbalizaciones de las reuniones del Consejo, de las comisiones y de la custodia de sus actas. En este sentido, se introducen normas más estrictas en las actas de las "reuniones": se solicita explícitamente que las actas sean "fieles, precisas y completas" y que se lean y aprueben al final de cada reunión. Por lo tanto, se mantiene en el archivo y está disponible para garantizar la memoria histórica de los hechos y la trazabilidad documental en todo momento.

Cabe señalar que el Instituto no tiene filiales ni sucursales. La responsabilidad de la custodia y administración de los bienes recibidos se rige no sólo por las normas del Estado de la Ciudad del Vaticano, el Estatuto y el Reglamento de aplicación; sino también por las normas del Derecho Canónico. En casos de necesidad comprobada, las reuniones del Consejo de Superintendencia podrán celebrarse por medio de telecomunicaciones.

El pasado mes de junio el IOR publicó el balance del año 2018, que registró un beneficio de 17,5 millones de euros (frente a los 31,9 millones de euros de 2017): una suma entregada al Papa. El resultado, aunque muy inferior al del año anterior -especificó un comunicado del Instituto- se logró "a pesar de las fuertes turbulencias de los mercados" y "de la persistencia de los tipos de interés todavía muy baja".

No hay que olvidar -escribió en aquella ocasión el Presidente de la Comisión de Cardenales del IOR, el Cardenal Santos Abril y Castelló- que el Instituto "se ha encontrado recientemente en una fase de ajuste y clarificación que a veces también implica sacrificios. Todo ello con la voluntad decidida de crear una situación plenamente acorde con la práctica de una dirección ética indispensable, tal como lo desea el Santo Padre. Se han hecho grandes progresos en esta dirección". Se ha avanzado en el contexto de una vía de transparencia financiera para la Santa Sede, también reconocida por Moneyval, el Comité de Expertos para la Evaluación de Medidas contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo creado por el Consejo de Europa.

En 2018, el IOR - según señaló el comunicado de prensa del pasado mes de junio- "afinó aún más la integración de criterios negativos y positivos de screening para la selección de actividades financieras en las que realizar inversiones coherentes con la ética católica, seleccionando sólo empresas que realicen actividades que cumplan con la Doctrina Social de la Iglesia Católica".

El IOR "ha seguido invirtiendo para favorecer el desarrollo de los países más pobres, respetando las opciones coherentes con la realización de un futuro sostenible para las generaciones futuras" y "ha contribuido a la realización de numerosas actividades caritativas y sociales, tanto a través de donaciones de carácter financiero, como de arrendamientos a tipos de interés favorables o de préstamos gratuitos para el uso de los bienes de su propiedad a entidades con fines sociales".

Por último, en cuanto a los activos en poder del IOR, según el informe de 2018, el Instituto cuenta con 14. 953 clientes, divididos en: órdenes religiosas (53%), departamentos de la Curia Romana, oficinas de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano y nunciaturas apostólicas (12%), conferencias episcopales, diócesis y parroquias (9%); cuerpos de derecho canónico (8%), cardenales, obispos y clérigos (8%), empleados y pensionistas del Vaticano (8%); otros sujetos, incluyendo fundaciones de derecho canónico (2%).