El caso está en manos del fiscal de investigación Nº 13 Víctor Recio, quien luego de realizar tareas de campo junto al Departamento Cibercrimen y la División Ciberdelitos contra la Niñez y la Adolescencia de la policía provincial solicitó al juez de Garantías Nº 2, Héctor Horacio Sandoval, que libre la orden de allanamiento del domicilio en cuestión.

El procedimiento tuvo lugar a las seis de la mañana del lunes de modo conjunto con los desplegados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Provincia de Buenos Aires, Río Negro, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Brasil, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Puerto Rico. 

Hito

La operación "Aliados por la infancia" es la primera acción concebida y coordinada desde Argentina contra la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Permitió investigar en ocho países a más de 200 usuarios de redes P2P que pusieron a disposición archivos de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en territorio argentino en los últimos meses.

El operativo es el resultado del trabajo en conjuntado de las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina el U.S. Department of Homeland Security y el Ministerio Público Fiscal CABA, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales, el cual facilitó la firma de un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center of Fox Valley Technical College, que permitió el acceso al sistema de investigación estadounidense ?Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)?.

ICACCOPS cumple un rol crucial en la detección de usuarios en redes P2P involucrados en la distribución de material de abuso y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Al proporcionar pistas de investigación, esta plataforma identifica direcciones IP asociadas a archivos de este tipo, convirtiéndose en una herramienta esencial para miles de investigadores en todo el mundo que luchan por brindar asistencia en casos similares.

Denunciar estos abusos

El artículo 128 del Código Penal establece la pena de hasta 8 años de prisión para los que produzcan, comercien, publiquen y distribuyan toda representación de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o sus partes genitales. Ello incluye imágenes y videos digitales. También reprime con pena de prisión la tenencia de dicho material, por lo cual es indispensable que toda la ciudadanía sea consciente de las penas establecidas al compartir cualquier material de contenido sexual en sus redes sociales o aplicación de mensajería, ya que puede ser cómplice de este delito.

La lucha contra esta forma de abuso contra las infancias debe ser implacable, es inadmisible que niños, niñas y adolescentes deban pasar estas situaciones que son captadas en imágenes y videos para su distribución en grupos. Dichos delitos deben ser denunciados.