La obligación de activar la app CuidAR para los trabajadores de actividades esenciales desató discusiones sobre la privacidad y el destino de los datos solicitados.

Se trata de una aplicación que monitorea el estado de salud de los ciudadanos, cuya obligatoriedad fue notificada el pasado viernes por el presidente Alberto Fernández, en el marco de los anuncios de la nueva fase de la cuarentena por Covid-19.

“Es inaceptable que un presidente decida unilateralmente que todos, o un grupo de ciudadanos, tengan que instalarse una app en su celular”, aseguró a Cadena 3 Javier Smaldone, experto informático.

“Además, esto se agrava porque no es un aplicación pública, no está explicitado su código fuente. No obstante, los informáticos la hemos analizado y hemos encontrado que sirve para rastrear la ubicación física de las personas”, advirtió.

En las últimas horas, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, anunció mediante una resolución administrativa que los datos sanitarios (provistos por cada usuario) podrían ser compartidos por los organismos del Estado.

“Esto incluye hasta YPF”, criticó Smaldone. Y continuó: “Hay una diferencia entre tener la opción de hacerlo y tener la obligación de hacerlo”.

Según el especialista, la medida supone otro problema, además de la confidencialidad de los datos. “Supone que todos tienen celular y transmisión de datos, y la obligatoriedad de llevar en todo momento el celular y mostrarlo a las autoridades como si fuera un documento de identidad”, aseguró.

Señaló que otro punto que alimenta la polémica es que no está claro qué va a pasar con esa información cuando se salga de la pandemia. “Así como se habla de pandemia, se habla de appdemia. Ningún país, salvo India y ahora Argentina, ha obligado a hacerlo a ciudadanos sanos”, aseguró.

“Hemos cedido muchas libertades: restricciones para trabajar, circular libremente, etcétera. No naturalicemos eso”, concluyó Smalldone.