La particularidad del caso estaba dada porque uno de los progenitores vive en Colonia Elisa y el otro en Machagai. Por eso, para evitar dilaciones y acercar el servicio de justicia a los justiciables, realizaron audiencia virtual con una de las partes.
También fue ampliada la intervención jurisdiccional a fin de priorizar el resguardo de derechos por sobre las limitaciones formales en línea con los principios de tutela judicial efectiva y el verdadero acceso a justicia.
En el caso intervino la abogada del niño Angélica Barrientos, quien garantizó la participación y representación del menor de edad; así como Héctor Reynoso, asesor de Niñas, Niños y Adolescentes de General San Martín con el objetivo de reforzar el control de legalidad y la protección integral de derechos.
La actuación conjunta y el compromiso de los operadores judiciales intervinientes posibilitaron que las partes alcanzaran un acuerdo de parentalidad privilegiando el diálogo, la responsabilidad compartida y el interés superior del niño.
Al respecto, la jueza Romano señaló: "este tipo de intervenciones pone en valor una justicia de paz activa, cercana y resolutiva, capaz de adaptarse a contextos complejos y brindar respuestas concretas, reafirmando su rol como puerta de acceso real y efectiva al sistema judicial".
