El Gobierno presentó la "Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria", una iniciativa elaborada por el Consejo de Mayo que busca imponer límites estrictos al gasto público y asegurar el equilibrio financiero en la Administración Nacional. La propuesta también alcanza a provincias y municipios, que no podrán excederse en sus erogaciones para evitar poner en riesgo el resultado fiscal.
El proyecto también impide a los funcionarios asumir compromisos de pago o ampliar gastos que no estén expresamente autorizados en el Presupuesto vigente. Además, el Poder Ejecutivo deberá abstenerse de solicitar adelantos transitorios al Banco Central para financiar gasto primario.
Control del Congreso
Para evitar que nuevas leyes generen desequilibrio, la iniciativa exige un Informe de Impacto Presupuestario de Mediano Plazo como requisito para tratar en comisión cualquier proyecto que implique erogaciones o afecte recursos del Estado.
Asimismo, dispone que toda medida que genere nuevos gastos solo podrá entrar en vigencia cuando las partidas sean incluidas en el Presupuesto del año siguiente, salvo que cuente con financiamiento propio suficiente.
Nulidades y sanciones penales
El texto establece que cualquier acto dictado en violación a las reglas fiscales será nulo de manera absoluta e insanable.
También introduce dos nuevas figuras penales:
- Gasto Irregular: prisión de 1 a 6 años e inhabilitación absoluta para funcionarios que incrementen gastos sin recursos acreditados.
- Emisión Irregular: prisión de 3 a 10 años para funcionarios del Banco Central que ordenen emisión de dinero en contra de las normas de su Carta Orgánica.
Con estos mecanismos, el Gobierno busca blindar por ley la política de equilibrio fiscal y restringir al máximo la posibilidad de financiar desequilibrios con emisión monetaria.
